El Gobierno Vasco niega a Amedo las ayudas por ser objetivo de ETA pero sí las reparte entre etarras

El ex subcomisario José Amedo Fouce sigue a la espera desde marzo pasado a que el Gobierno Vasco le conteste a su solicitud de la condición de víctima “de vulneraciones de derechos humanos producidas en contextos de violencia de motivación política” por parte de ETA.

Esa formalidad le otorgaría, además del reconocimiento de ser uno de los damnificados por los estragos de la banda terrorista, la entrega de una indemnización económica, según contempla el texto de la ley vasca 12/2016 del 28 de julio. Pero el Gobierno de Ajuaria Enea pretende dejar fuera de la ley a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, cuyos derechos también fueron pisoteados por la banda asesina, mientras sí reparten las ayudas entre militantes y ex colaboradores de ETA, entre otros perjudicados.

La normativa vasca incluye a los ciudadanos que vieron vulnerados sus derechos desde abril de 1978 hasta el 31 de diciembre de 1999 y se centra principalmente en los ciudadanos vascos que sufrieron malos tratos o torturas por agentes de la Policía o la Guardia Civil. En ese periodo, José Amedo, que el silencio administrativo da a entender que queda fuera de la ley, sufrió hasta siete intentos de asesinato por parte de los comandos de ETA, como OKDIARIO puede documentar.

El policía, que trabajó más de 30 años en la lucha antiterrorista desde la Jefatura Superior del País Vasco como jefe del departamento de Información Pura en la lucha antiterrorista, cumplimentó los documentos oficiales de la página web de la Lehendekaritza de Vitoria, y los cursó el pasado 25 de marzo. Desde entonces, sigue a la espera de una respuesta.

Amedo participó de manera activa en la creación de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y su protagonismo fue clave en la contratación de los comandos parapoliciales que cometieron acciones violentas en el sur de Francia, con un saldo de 27 muertos. Por esas operaciones -entre ellas el secuestro de Segundo Marey a finales de 1983- fue condenado a casi 120 años de cárcel.

Algunos de los hechos a los que se refiere Amedo para poder acogerse a la ley vasca se produjeron antes del nacimiento de los GAL. En aquellas fechas, el policía ya era objetivo de la banda armada. Ya lo quisieron matar a comienzo de los 70 cuando tan sólo tenía 27 años.

En su solicitud, el ex policía le recuerda a la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco que vivió y formó parte del Cuerpo Nacional de Policía entre 1968 y 1988, fecha en la que fue encarcelado “por los hechos relacionados con las actividades de los GAL”.

Arrepentimiento por los GAL

Y hace hincapié en algo muy importante para la rehabilitación de los condenados, una máxima que no cumplen la mayoría de los ex etarras: “Antes de salir de prisión en tercer grado, mostré mi arrepentimiento en documento firmado a Instituciones Penitenciarias. Posteriormente, participé en actos de reconciliación junto a la víctima de los GAL Pili Zabala”.

Pilar Zabala es la hermana de José Ignacio Zabala, un activista de ETA que fue secuestrado el 15 de octubre de 1983, torturado y asesinado por agentes de la Guardia Civil y, posteriormente, su cuerpo fue enterrado en cal viva en un paraje de Alicante junto al de su compañero José Antonio Lasa.

Sobre su trayectoria en la Policía, antes de su participación en la guerra sucia, Amedo señala: “Mi permanencia en Bilbao durante 20 años y mi actividad profesional era conocida de sobra por el Gobierno Vasco, puesto que, a principios de los años 80, colaboré durante varios meses con el destacado miembro de la Consejería de Interior de dicho Gobierno autonómico Genaro García”.

Amedo se refiere a Genaro García Andoain, el alto cargo peneuvista que fundó la Ertzaintza. El policía de los GAL le ayudó en el reclutamiento de sus primeros integrantes facilitando los antecedentes políticos o penales a fin de que no se colaran en el proceso de selección filoterroristas.

Por esa y otras operaciones policiales, el policía se convirtió en un objetivo a abatir por la banda terrorista, que se acrecentó tras el nacimiento de los GAL. Esa circunstancia se la recordaba en su informe a los funcionarios de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco: “ETA, en un momento dado, se obstinó conmigo por mis implicaciones en actividades de los GAL, de las que he dado muestras públicas de mi arrepentimiento y participado en actos públicos de reconciliación junto a la víctima de los GAL Pili Zabala”.

Entre la documentación entregada por Amedo ante las autoridades vascas se hallaba un artículo publicado por el diario El País el 4 de abril de 1996 en el que se informaba de una nota manuscrita encontrada al dirigente de ETA José Antonio Bengoetxea Urrutikoetxea, Josu Ternera. En ella se recogían los datos sobre los movimientos del policía en Bilbao en 1987: “Iba a tomar café diariamente entre las tres de la tarde y las 15.30 a un café de la plaza de Eguileor”.

Josu Ternera afirmaba en la nota que él en persona había comprobado esos hábitos de Amedo y señalaba que después por la tarde se trasladaba a un pub de la calle de Banderas donde permanecía hasta las 12 de la noche. El que llegó a ser general de ETA apuntaba: “Siempre va vestido de traje y corbata, casi siempre azul, y anda con bigote corto. Su foto ya salió en el periódico”.

La ley y la trampa

Amedo, que durante más de 20 años sintió el aliento asesino de ETA, no fue el único funcionario de la Seguridad del Estado que ha sufrido el silencio o el rechazo del Gobierno Vasco. La Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Motivación Política ha sido denegada a 460 policías y guardias civiles y a otras 50 víctimas de ETA.

Para ello, se ajustan a aspectos legales del contenido de la normativa, pero en ningún apartado de la citada ley se explicita que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de la Ertzaintza queden excluidos. El Gobierno Vasco, sin embargo, sólo contempla el amparo a las violaciones de derechos humanos provocadas por los abusos policiales durante la Transición.

La trampa de la ley radica en la clasificación de víctimas que realiza la comisión de Valoración, que ha sido nombrada por el Parlamento de Vitoria, controlada por el PNV y Bildu. La Lehendakaritza insiste que es independiente y actúa con rigor científico y profesionalidad, según han declarado a OKDIARIO.

Todos los dictámenes de la comisión que rechazan las solicitadas por los agentes de la Seguridad del Estado destacan que no están amparadas por la Ley 12/2016 por no tratarse de “hechos o violaciones por el abuso de poder o uso ilegítimo de la violencia estatal”.

Para el PP y Cs, que se oponen a los planteamientos del Gobierno Vasco, los agentes de las Fuerzas de Seguridad también son ciudadanos del País Vasco y sufrieron la violencia y de ETA u otras organizaciones terroristas y la vulneración de los derechos humanos.

Detrás de la ley subyacen los pactos del PNV con Bildu y la izquierda abertzale para rehabilitar y apoyar económicamente a los militantes de la banda terrorista que sí vulneraron los derechos humanos con los coches-bombas y el tiro en la nuca.

“Tiene su gracia que el Gobierno de Vitoria ampare a quienes asesinaros a decenas de policías y guardias civiles y los protejan económicamente como víctimas de la violencia policial y que sean ellos mismos quienes decidan quiénes ha sufrido la vulneración y quiénes no”, declaró a OKDIARIO un comisario que se jugó la vida luchando contra ETA en el País Vasco.

El Gobierno de Vitoria, por boca de su consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha reiterado en el Parlamento vasco que la Ley de Reconocimiento de Abusos policiales no permite reconocer a los propios policías como damnificados y ha recordado que existen otras vías para el reconocimiento del sufrimiento causado por la banda terrorista ETA.